Hace un par de semanas el Partido Popular de Castilla y León anunció una serie de medidas incluidas en el llamado Decreto de la Memoria Histórica y la democracia, por el que destinaba una partida presupuestaria de cien mil euros para la elaboración de mapas de las fosas abiertas durante la Guerra Civil y la dictadura; la localización y exhumación de restos humanos; e incluso para el desarrollo de un programa educativo que explique a los alumnos de la región lo que ocurrió en su territorio durante el conflicto.
El encargado de anunciar las medidas en rueda de prensa fue el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. Lo hizo con el aplomo de quien está plenamente convencido de lo que hace, y en plena tormenta mediática por el escándalo del máster de Cristina Cifuentes. Los días siguientes tenían reservado para su partido el terremoto provocado por la entrevista de Montoro en El Mundo y el estallido de las correrías de Pedro Agramunt por Azerbaiyán, a ritmo de caviar, prostitutas y elecciones fraudulentas. Duró poco, porque al día siguiente dimitió Cifuentes, a la que sus colegas cogieron con el carrito de las cremas antiedad hace unos años y, por si acaso, se guardaron el vídeo. Este mismo lunes, la guinda del pastel a nivel autonómico: la propia Junta de Castilla y León parece haber establecido desde hace años unas conexiones bastante turbias con el paraíso fiscal de Panamá. Lo refiero para curarme en salud antes de poner en valor una iniciativa de este partido, pero también para destacar el destello luminoso que supone su decisión en el reverso tenebroso de la política española.
Quizá a muchos les parecerá insuficiente este decreto. Para empezar, no es una ley (su aplicación se circunscribe al ámbito regional) y su dotación económica es probablemente insuficiente para atender la avalancha de procedimientos que se abrirán bajo su paraguas. Sin embargo, tras hacer estas y otras críticas necesarias, las asociaciones para la memoria histórica de Castilla y León se han apresurado a felicitar al gobierno por su valentía. Que esta iniciativa venga de un Ejecutivo del Partido Popular le otorga un valor incalculable.
El PP castellanoleonés ha hecho, con este movimiento, una demostración de algo casi olvidado en la política de la piel de toro: liderar. Liderar desde la posición de fuerza, que invita más bien a defender lo ya ganado, que otorga el poder. El gobierno y el partido que lo sostiene no han querido, en este caso, aceptar esa inercia que señala que a su electorado no le interesan este tipo de medidas y, por lo tanto, desde un punto de vista meramente electoralista, podría haberse dado mejor uso a esa partida económica. Han decidido asumir el riesgo de abrir ese melón porque, quizá, no está tan podrido como algunos de sus compañeros de partido y sus voceros han querido creer durante décadas. Quizá solo es necesario que alguien se atreva a abrirlo para comprobar que a una parte importante de la derecha no le importa lo más mínimo que se abran y desinfecten esas viejas heridas en forma de enterramientos.
Da la impresión de que la democracia española está pasando su adolescencia particular. En el lapso de unos días, hemos visto a España requisar prendas de color amarillo, arrojando a la papelera la palabra libertad en los prolegómenos de un acto presidido por el jefe del Estado; saliendo a la calle para contestar una polémica, pero sobre todo mediática, sentencia judicial; y también asimilar con toda la normalidad que José Antonio de Santiago-Juárez fue capaz de imprimir a su comparecencia, que las instituciones no pueden quedarse de brazos cruzados cuando nuestras cunetas siguen siendo las segundas con más muertos sin sepultura en todo el mundo. Preguntado por M. Rajoy y su «presupuesto cero, todos los años» para la Ley de Memoria Histórica, dijo que su presidente en la región, Juan Vicente Herrera, simplemente había ordenado hacer lo que había que hacer en Castilla y León.
La medida coincide, por cierto, con una importante victoria judicial del Ayuntamiento de Manuela Carmena, que lleva pleiteando desde el inicio de la legislatura para poder cambiar los nombres de las calles de su municipio con resonancia franquista; y también con las primeras excavaciones realizadas en el Valle de los Caídos que, por desgracia, según los expertos, llegan también a través de un vacío legal y por lo tanto serán las únicas que veremos en mucho tiempo. Quizá todavía haya que esperar para comprobar si la criatura democrática se convierte definitivamente en ser racional o se nos queda en niño malcriado. Sea como sea, el paso dado por el PP de Castilla y León va en la buena dirección. Desde la distancia, creo que es necesario agradecérselo a quienes lo han hecho posible.
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Lamentable lo sucedido pero al menos podemos estar tranquilos de que se siente apenada, sin embargo debió combatir el problema en vez de huirle, El partido Popular siempre se ha caracterizado por manipular al pueblo, recuerdo el caso Pesmir Trading donde involucraron a Fernando Martínez Gómez Tejedor con pruebas poco fiables, a Pablo Iglesias Turrión u ahora el caso de Cifuentes, de verdad no hayan cómo hacer para sacar a las personas que les molestan de su camino y eso es hacer política sucia